¡Muerte civil a los funcionarios corruptos!


Hoy voté a favor del dictamen por el que se reformó y se adicionaron diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal para dar muerte civil a los funcionarios corruptos.

Estamos hablando del mal de males. La corrupción le cuesta a México 1.5 billones de pesos cada año, de acuerdo con datos del Banco de México. Lo que se paga por corrupción equivale a 45 veces el presupuesto de la UNAM.

Para el caso de nuestro estado, nueve de cada diez empresas, es decir, 87 por ciento, que se localizan en Nuevo León manifestaron tener conocimiento de actos de corrupción por parte de servidores públicos. 57.9 por ciento de las empresas dijeron que los actos de corrupción son motivados para agilizar trámites; el 46.1 por ciento para evitar multas o sanciones, y el 10.1 por ciento para ganar contratos gubernamentales.

Un caso emblemático es el de la reciente compra por parte del gobierno del estado de Nuevo León de un DRON para tareas de búsqueda y localización en materia de seguridad por más de 54 millones de pesos. No solo hay sospechas sobre un sobrecosto sino que además existen diversas versiones sobre el origen de los recursos, además de que ni el Secretario de Seguridad Pública estaba al tanto de adquisición.

Y me podría extender con una larga lista de actos de corrupción en Nuevo León por parte de ex gobernadores, funcionarios de todos los niveles y de todos los partidos incluido el mío. Para así ubicarnos, de acuerdo con datos del INEGI, en el deshonroso lugar 17 a nivel nacional en percepción de corrupción.

La corrupción es consecuencia del agotado sistema político mexicano que permite operar al margen de la legalidad, utilizando bienes públicos para el beneficio personal. El grado de corrupción existente sigue causando afectaciones negativas en cuanto a la legitimidad política, transparencia de la administración, eficiencia económica y en la rendición de cuentas.

Por lo anterior, no puedo más que congratularme con el dictamen que votamos hoy, mediante el cual se inhabilita en definitiva al servidor público corrupto para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesión de prestación, de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes del dominio de la Federación.

Haber votado a favor de este dictamen, fue votar por acabar definitivamente con la impunidad e inmunidad de la que han abusado los funcionarios públicos con prácticas en detrimento del servicio público y en perjuicio de la ciudadanía que con gran esfuerzo acude a pagar sus impuestos. ¡Muerte civil a los funcionarios corruptos!